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Es lamentable que el departamento de Nariño vaya como el cangrejo en materia de violación de derechos humanos y que mientras en la mayor parte del país se respira un ambiente de tranquilidad con el fin de las Farc como grupo armado y la tregua bilateral pactada entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, en nuestra región la violencia no nos de tregua y se registran no solo las muertes selectivas contra dirigentes sociales, sino masacres, un flagelo que ya lo creíamos olvidado.

Lo ocurrido en el municipio de Magüí, piedemonte nariñense, en donde se presume que se produjo un ataque en la vereda Pueblo Nuevo, con saldo de unos 13 muertos, es producto de una guerra incesante de las organizaciones armadas ilegales por apropiarse de los territorios que dejaron las Farc para seguir con el negocio del narcotráfico, el comercio de armas, extorsiones y secuestros.

No han pasado ni 2 meses y se produce otra matanza. Aún tenemos viva la imagen de la masacre registrada en el sector del Tandil, zona rural de Tumaco, en donde murieron seis civiles y otro más días después en el hospital, hecho que generó la indignación mundial porque fueron señalados de disparar sin contemplación integrantes de la Policía y el Ejército. Incluso un informe de verificación de la Defensoría del Pueblo lo confirmaba.

Sin embargo, pasado el escándalo ya no se volvió a mencionar sobre el avance de las investigaciones para lo cual se había encargado a un grupo de expertos de la Fiscalía, y el caso tiende a quedar en la impunidad sin que se recuerde a víctimas anónimas como Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31 años; Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años; Jaimen Guanga Pai, de 45 años  y Alfonso Taicús Taicús, de 32 años de edad, que hacen parte de campesinos e indígenas Awá los cuales se encontraban en una movilización social para impedir la erradicación forzada de cultivos de coca.

Nos causa tristeza e indignación que nuestro departamento que ha pagado con creces, azotado durante décadas por el conflicto armado, hoy siga descuadernado, sin un norte, sin una salida, poniendo los muertos, el sacrificio de las familias condenadas a correr, a huir de sus tierras y abandonarlo todo. Recordemos que tenemos más de 400 mil víctimas, uno de cada cuatro habitantes.

Tras la masacre del Tandil el presidente Juan Manuel Santos lanzó un plan especial para Tumaco y esa región de la costa y el piedemonte. Lo principal fue la puesta en marcha de la operación Atlas, para la cual destinó más de 9.000 policías y militares en la lucha contra el delito y la criminalidad. Pero aunque es prematuro formular un balance, la situación sigue igual o peor. Tanto así que los homicidios crecen como espuma en Tumaco, en donde en lo corrido de este año van 182 muertos, frente a 132 del año anterior, cifra que supera en más de 10 puntos la tasa nacional.

La atención siempre gira hacia Tumaco y su crisis, pero la problemática es grave también en el resto de municipios de esa zona occidental de Nariño, sobre todo en Mosquera, Santa Bárbara, El Charco, Barbacoas y Ricaurte, en donde las comunidades aún padecen intacto el horror de la guerra y la indiferencia del Estado. En esas zonas, plagadas de cultivos de coca, la ley la hacen los ‘narcos’, guerrilleros y otras bandas de delincuencia organizada. Allá pasa de todo y es muy poco lo que se conoce.

En este sentido la paz sigue esquiva en Nariño porque el Estado aún nos mira con indiferencia y si bien hace presencia. es con Fuerza Pública, no con una verdadera inversión social que lleve a cambiar esa miserable y aterradora realidad que nos aleja del posconflicto.

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