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El asesinato del periodista Javier Ortega, el reportero gráfico Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, del periódico El Comercio de Quito, deja un mal precedente y nos marca a los periodistas nuevamente frente a los nuevos grupos armados ilegales que operan en la frontera colombo-ecuatoriana, en el sentido de que convirtieron a la prensa en su blanco, con un mensaje aberrante por parte de alias Guacho, cabecilla del frente Oliver Aldana Sinisterra, disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, no respetar la vida de los integrantes de los medios de comunicación.

La muerte de estos colegas y el conductor por la forma como fueron ajusticiados debe declararse crimen de lesa humanidad, no solo por el hecho de que se trata de integrantes de la prensa libre, sino porque estaban en un estado total de indefensión y en el cumplimiento de su actividad periodística en la zona de conflicto, en donde fueron tomados como rehenes.

Luego se trató de negociar para su entrega como si hubiesen sido mercancía y posteriormente asesinados con tiros de gracia porque les dio la gana de desafiar a los gobiernos de Colombia y Ecuador. Si bien ‘Guacho’ señala que los mataron porque la Fuerza Pública no respetó e intentó rescatarlos, se ha podido establecer que no fue así.

En ese comunicado que se ha conocido por las redes sociales alias Guacho argumenta que es guerrillero de las Farc y que su grupo no es narcotraficante como lo quieren hacer ver; sin embargo ¿tuvieron que cometer una barbaridad como la muerte de este grupo de prensa para que los escuchen? Este acto es demencial y además fue innecesario, porque al contrario de querer encontrar un reconocimiento de beligerancia comenzarán a ser cazados como cualquier grupo ilegal.

Por eso el rechazo de este aberrante crimen tiene que ser contundente y con el respaldo de toda la institucionalidad mundial, para que se les recuerde a estos grupos del respeto por la libertad de prensa y las garantías de poder cubrir los acontecimientos sin que nos constituyamos en el objetivo de las balas o seamos víctimas de secuestros o extorsiones.

Según lo señalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece la obligación de respetar a los periodistas civiles asignados a conflictos armados y protegerlos contra cualquier forma de ataque intencional. El DIH concede a los periodistas civiles la misma protección que a las personas civiles, siempre que no participen directamente en las hostilidades.

Desde nuestro medio de comunicación nos unimos al dolor de los colegas del diario El Comercio y de todos los compatriotas ecuatorianos que otra vez vuelven a vivir y sentir en carne propia este conflicto armado germinado en nuestro territorio y que no se lo ha podido frenar pese a la desmovilización de las Farc, la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina.

Recordemos que el primero de marzo de 2008 la Fuerza Aérea Colombiana, bombardeó un campamento de la subversión en Angostura, Ecuador, en donde murió Raúl Reyes, uno de los máximos líderes del Secretariado y ciudadanos de ese país, pero antes los vecinos ya habían sido afectados por las fumigaciones con glifosato, lo que conllevó a una demanda internacional.

Por la irresponsabilidad de nuestros gobiernos lastimosamente esta guerra interna se ha exportado y hoy ya se metió en las venas de Ecuador. La única salida es solidificar la integración para luchar no únicamente con esos focos de las disidencias, mucho más con ese mal que se enquistó y se propaga, el narcotráfico, que se constituye en el motor de todo este conflicto.

En ese trasegar de la información los periodistas vamos a estar cubriendo los hechos, porque no nos vamos a dejar amilanar por las intimidaciones, pero sí exigimos que los gobiernos de las dos naciones garanticen nuestra integridad.

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